Intérpretes en Lenguas Indígenas: Derecho Inalienable

El acceso pleno a la justicia para los Pueblos y Comunidades Indígenas de México sigue siendo un asunto pendiente por lo que la impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución en su párrafo segundo, atraviesa serias dificultades para su plena realización. El acceso a la justicia de la población indígena es aún más difícil y precario.
En este rubro, la problemática es amplia y compleja: Discriminación, vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia; falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena para tener una adecuada defensa en juicio; falta de información al inculpado sobre los motivos de su detención; falta de denuncias legales sobre delitos cometidos contra indígenas; aumento de indígenas en las cárceles; procedimientos jurisdiccionales lentos; juicios plagados de irregularidades; sentencias severas sin proporción con el delito cometido; sentencias que resuelven legalmente asuntos pero en ocasiones provocan conflictos sociales; diferentes grados de corrupción en el sistema de justicia formal; subordinación del derecho indígena al sistema de justicia establecido; limitación de la justicia indígena a tratar sólo casos menores; establecimiento de instituciones o instancias para indígenas sin consultarlos.
En este tema la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, 2003, señala que…“Es precisamente en el campo de la procuración y administración de justicia donde se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos. Informes recibidos señalan que muchos indígenas indiciados se encuentran desamparados ante los agentes del ministerio público o el juez por no hablar o entender el castellano y no contar con un intérprete en su lengua, a pesar de que la ley establece este derecho. Son escasos y generalmente poco capacitados los defensores de oficio que operan en zonas indígenas, donde la gente por lo común no tiene recursos ni posibilidades de contratar los servicios de un abogado defensor.”

En algunos casos sólo se proporcionan intérpretes para personas indígenas monolingües o cuando lo requiere el Ministerio Público, convirtiéndose en una necesidad para la autoridad en lugar de un derecho del indígena procesado , aún cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2°, apartado A fracción VIII, que las personas indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, por lo tanto es prioritario que el derecho al traductor se haga valer desde el inicio de la averiguación y durante todo el proceso, para cualquier persona indígena.